La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara la instauración de un registro de lobbies para reforzar la transparencia ante la avalancha de grupos de presión y cubrir el vacío legal que existe sobre la materia después de que en la Ley de Transparencia no se desarrollara. De esta forma, el organismo que preside José María Marín Quemada (en la foto) –que ya decidió a los pocos meses de llegar al cargo hacer pública su agenda, de modo que cualquier ciudadano pudiera conocer todos los encuentros y visitas que tiene, iniciativa que no fue muy bien acogida por todo el mundo por rompedora, aunque posteriormente se sumó el resto del consejo de la institución– será el primero en aplicar una normativa sobre lobby en España y supondrá un antes y un después en la reglamentación española.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha creado un registro de ‘lobbies’, con el que pretende “dar un paso más en la transparencia” en las relaciones entre estos grupos de interés y los consejeros del organismo que toman decisiones respecto al equilibrio y las reglas del mercado. La CNMC considera que “la intervención de la sociedad civil a través de los grupos de interés es útil para el eficaz funcionamiento de la Comisión, pero a la vez es prudente exigir que ese trato sea suficientemente transparente, y esté dotado de mecanismos de control”.
La inclusión de los ‘lobbies’ en este registro es de carácter voluntario, público y gratuito e implica la asunción de un ’Decálogo ético’ que recoge los principios de actuación en las relaciones con los miembros de la CNMC (presidente, consejeros, directores y técnicos). Podrán adherirse “empresas y grupos de empresas; asociaciones profesionales, empresariales o sindicales; consultorías profesionales; despachos y bufetes colectivos, asociaciones, plataformas y redes; grupos de análisis y reflexión, e instituciones académicas, etc”, explica el organismo de Competencia.
Sin embargo, este registro de ‘lobbies’ ya cuenta con voces en contra, como la de la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE). Cuando la CNMC dio a conocer que tenía la intención de poner en marcha esta iniciativa, la asociación advirtió de que “permitirá dar a los ‘lobbies’ todavía más poder y además legalmente”. En su opinión, “es imposible que la propuesta de legalizar las presiones vaya a beneficiar en algo a los autónomos y pymes o vayan a establecer mecanismos de igualdad”. “Con esa medida no atajan el problema que existe en unas leyes del mercado manipuladas que priman el dominio en la distribución comercial, que reduce la cuota de mercado de los menos fuertes, de los más pequeños y de los más desprotegidos, es decir, a los autónomos y las pymes de España”, apuntaba la CIAE en un comunicado.
Todas las empresas e intereses económicos tienen derecho a considerar que la legislación puede ser mejorada y modificada para aumentar los rendimientos esperados. Es una pretensión natural que, como tantas otras, debe ser ordenada de forma que se minimicen los efectos indeseados de las presiones a los poderes públicos. Lo que la CNMC propone es un registro de lobbies de carácter voluntario, público y gratuito.
Sobre la nula regulación anterior es un avance, pero en relación con la complejidad entre los poderes públicos y los intereses privados, un registro voluntario es insuficiente. Un modelo conocido es el europeo: en Bruselas, para tener derecho a reunirse con miembros del Parlamento, es obligado el registro, las reuniones son públicas y, de hecho, se conoce cuántas mantiene cada parlamentario.
La idea de Bruselas es completar un registro obligatorio, incluyendo quizá a los abogados y otros cuerpos profesionales ahora exentos, en 2017. Si este es el modelo que, en la práctica, se desarrolla en España, coherente además con la transparencia exigida a los grupos de presión en el entorno europeo, puede decirse que la regulación española cumple con su cometido; si se queda en un registro voluntario, sin expectativa de evolución, la normativa tendrá escasa utilidad.
Límites de actuación
La palabra lobby está recogida en la Academia de la Lengua como “grupo formado por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas”. Como segunda acepción recoge que “es un vestíbulo de gran tamaño situado en ciertos establecimientos, como cines, teatros u hoteles”. Precisamente, la primera definición procede de esta segunda y se cristalizó en el siglo XVIII en el Parlamento británico cuando los diputados eran abordados en el vestíbulo (lobby) por grupos interesados en influir en sus decisiones. De ahí que hacer lobbing, o política de vestíbulo, significa hacer presión política para conseguir intereses particulares.
El registro marcará un código de conducta que fije los límites de actuación. Aunque la normativa de la CNMC no obligará a inscribirse como lobby, los representantes de organizaciones privadas, públicas o no gubernamentales que actúen como grupos de presión no tendrán más remedio que registrarse si quieren ser recibidos por los responsables de la CNMC. De esta manera, estos sabrán si se reúnen con un lobbista oficial o no. El registro va dirigido a estas asociaciones empresariales y otros grupos de presión, que es habitual que acudan a la institución a tratar cuestiones regulatorias o cuando las empresas son requeridas o sancionadas por prácticas anticompetitivas.
Para elaborar el código de conducta, la CNMC se ha basado en el reglamento que se aplica en Bruselas por la Comisión Europea, donde su práctica es corriente. Para defender los intereses de un colectivo, los lobbistas presionan a los reguladores y exponen sus puntos de vista de forma transparente para que se tomen en cuenta sus opiniones. Sin embargo, el problema radica en que en los países en los que no está regulada —como lo está en la Comisión Europea, en una docena de países europeos y en Estados Unidos— se considera una actividad oscura e ilegal.
Así ocurre en España, donde además han florecido intermediarios especializados, expertos en moverse con habilidad por las entrañas de la Administración Pública. De hecho, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas (APRI), la única organización que existe en España de lobbistas profesionales, pidió en su momento la legalización de los lobbies, para evitar el intrusismo.
Una vez regularizada la figura del lobby en la CNMC, sus movimientos, al menos en el ámbito de este organismo, permitirán evitar o reducir casos de prácticas contra la competencia, especialmente de carteles y de corrupción. El código de conducta impondrá una serie de actuaciones que hasta ahora no han formado parte del acervo cultural de las prácticas empresariales en España y menos de las asociaciones que las representan y que son las que se mueven por estos vericuetos.
En cualquier caso, los grandes grupos empresariales, con alta presencia internacional, ya están bastante acostumbrados a este tipo de prácticas. De hecho, la mayor parte de estas empresas cuentan en sus departamentos legales con expertos en regulación, competencia y transparencia que son los que se relacionan con las autoridades.